Orduko hartan Orlando Zapata gaizkile arrunt (“delincuente comun”) gisa definitu zuen aktore espainiarrak. Oraingoan azalpen haiek argudiatu ditu, hedabideetara bidalitako gutun luze batean.

• Gutuna

Hauxe da El Mundo egunkarian argitaratu duen oharra osorik:

“Raros son esos tiempos felices en los que se puede pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa” (Tácito)

La enorme relevancia pública que han adquirido unas breves palabras pronunciadas por mí el pasado 2 de marzo, en el marco de una actividad cultural ajena a la cuestión que allí me fue planteada, su desmesurada propagación, su equivocado tratamiento por ciertos medios y el ulterior desarrollo de los acontecimientos, convierten en necesaria una explicación más templada, más serena, sobre el significado de tales declaraciones y, sobre todo, de la intención con que fueron vertidas.

Vaya por delante, primero que otra cosa, mi profundo disgusto, mi enorme pesar porque las valoraciones que realicé acerca de don Orlando Zapata, fallecido en una prisión cubana como consecuencia de una huelga de hambre emprendida contra el Gobierno de Cuba, puedan haber sido interpretadas a modo de ataque personal hacia la memoria del Sr.Zapata, hacia sus opiniones o hacia su reputación. No fue ésa mi intención. Si, pese a ello, así se hubiere recibido y asumido, lo lamento y pido, nuevamente, disculpas a su familia y allegados.

Quienes me conocen saben de mi trayectoria personal comprometida con la defensa e implantación de los derechos humanos en todo el mundo. Desde tales posiciones y convicciones, pienso sinceramente que en nuestra sociedad occidental existe una lamentable incomprensión acerca de la realidad latinoamericana en general y de la cubana, en particular, que conduce a utilizar -en particular con Cuba- un doble rasero a la hora de examinar y valorar sus hazañas y sus miserias.

A Cuba le imparten clases de derechos humanos los mismos que planean y ejecutan “guerras preventivas”; le exigen respeto a las garantías penales y procesales quienes miran a otro lado cuando se menciona Abu Grahib o Bagram, quienes crean y mantienen Guantánamo o le dan carta de naturaleza, consintiendo que vuelos secretos con personas secuestradas hagan escala en su territorio o acogiendo en su sistema penitenciario a sus “presos”.

A esa isla, con una trayectoria antigua y ejemplar en su defensa contra los distintos intentos de potencias extranjeras de expoliar sus recursos y su dignidad, condenada a sobrevivir en soledad, se le recrimina su pobreza, mientras se mantiene un bloqueo económico asfixiante.

Un bloqueo que no es sino una forma de intervención en sus asuntos internos porque genera -y bien lo saben quienes lo propician- dolor y descontento en los ciudadanos, y potencia la burocratización y el anquilosamiento en sus estructuras de poder. De Cuba se pretende, en fin, que acepte las reglas de la democracia formal en un contexto geopolítico que inexorablemente las transforma en retórica hueca, en coartada para las injusticias y la corrupción.

Informes de denuncia

En estos días se me viene reprochando -en términos hasta injuriosos- haber denunciado la escasa calidad democrática de muchas de nuestras instituciones y prácticas públicas. También en esta materia mis razones, por desgracia, no son sólo mías.

Si atendiéramos con más interés los recientes informes de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en España, como el hecho público en noviembre de 2009 [“Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos”], sabríamos que las denuncias contra agentes de las fuerzas policiales nacionales, autonómicas y locales de toda España encargados de hacer cumplir la ley están contrastadas y documentadas.

Además, la honda preocupación de Amnistía Internacional es también sentida y compartida por organismos tan poco sospechosos de manipulación o sectarismo como el Comité contra la Tortura, el Relator contra la Tortura de Naciones Unidas o el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura: en tal sentido resultan bien elocuentes los informes de Naciones Unidas sobre la tortura en España suscritos por los comisionados especiales de la organización, Theo van Boven y Martín Scheinin.

¿Y qué decir de la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España? Como mínimo, que no resulta menos preocupante en términos de vulneración de derechos fundamentales, y que su documentación es igualmente amplia.

Sólo a título de ejemplo cabe mencionar el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que elaboró el pasado año en colaboración con el Servicio Jesuita de Ayuda al Refugiado. Este informe es el resultado de una investigación realizada en tres de los ocho Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) que existen en España.

En este documento se denuncia que esas instalaciones (donde se retiene a los inmigrantes que van a ser expulsados del territorio nacional por lo que son, no por lo que han hecho) constituyen “un agujero negro de los derechos humanos”.

En términos semejantes se expresa el informe hecho público también en los últimos meses del pasado año, realizado por SOS Racismo, Médicos del Mundo y Ferrocarril Clandestino: la falta de transparencia, el sistema impune de maltrato a los allí retenidos y el avasallamiento, en fin, de los más elementales derechos humanos, son sus más destacadas conclusiones.

O qué decir del desconocimiento de las condiciones de vida y garantías jurídicas, incluso de su propia existencia, del centro de internamiento para africanos que intentan llegar a las costas españolas, en Nouadhibou Mauritania-, construido con financiación española con fondos de la Unión Europea (según el informe Frontera Sur de la APDH-Andalucía).

Mirada crítica

Podríamos hablar también sobre las denuncias de un sindicato de policía frente a la última circular del Ministerio del Interior sobre los procedimientos de detención de inmigrantes irregulares, que lo tachan en algunos aspectos de ilegal (véase www.inmigrapenal.com).

No intento comparar el régimen cubano y el español, sino simplemente decir que como ciudadanos tenemos el derecho y, en mi opinión, la obligación de mirar dentro de nuestras fronteras y con mirada ciertamente crítica.

Hasta aquí algunas de mis razones, sobre las que sostengo mis pensamientos y en las que apoyo mis opiniones. Porque así han de ser valoradas mis recientes palabras, como juicios subjetivos, como valoraciones personales de mi entorno, expresadas tal vez sin demasiada destreza, sólo soy un ciudadano, un actor- en el ejercicio de un derecho que me asiste y que va más allá del derecho a la libertad de expresión, un derecho más íntimo: el de vivir en armonía con mis convicciones.

Por ultimo, una reflexión: intuyo que lo desproporcionado de la reacción a mis palabras se sustenta no en el hecho de la realidad de las opiniones expresadas, pues hay, como hemos visto, estudios de sobra contrastados y públicamente denunciados, sino en la inquietud que genera que esa misma realidad, expresada en libertad por un personaje conocido, anime algo más al personal a ponerse a investigar. Y eso les lleve a hacerse la misma pregunta que me hago yo, que se hacen tantos: ¿es esto una democracia real? ¿de verdad tenemos tantas lecciones que dar?.

 

El Mundo egunkarira bidalitako oharra.